La resolución 956, que flexibilizó el uso de armas para las fuerzas federales de seguridad, disparó una interna dentro del oficialismo.
En el gobierno nacional, además de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvieron y defendieron la medida el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el propio presidente, Mauricio Macri, que el lunes a la noche se manifestó a favor en una entrevista televisiva.
Algunos acusan al gobierno de intentar sembrar un mensaje electoral, de protección y apoyo, hacia las fuerzas de seguridad y los sectores de la sociedad que reclaman mayor seguridad.
La acusación provino desde dentro de la alianza Cambiemos. La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió manifestó ayer su rechazo a la decisión de Bullrich y, esta mañana, envió otro mensaje, acusando al gobierno de “demagogia electoral”.
Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos. #NiDeDerecha #NiDeIzquierda #HumanistaCristiana
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 5, 2018
Los cruces comenzaron anoche, cuando Carrió consideró que la nueva reglamentación “viola los derechos humanos fundamentales”, acusó al gobierno de fascista y advirtió sobre la discrecionalidad de la medida y la posibilidad de que habilite el “gatillo fácil”.
Esto no significa que la Policia no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano.
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 4, 2018
A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí.
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) December 5, 2018
Carrió no se presentó a la sesión convocada para hoy a las 10.30,donde se definirán las autoridades de la Cámara baja para el año que viene. También se empezarán a tratar los proyectos que traen menor conflictividad con la oposición, como las modificaciones al impuesto de Bienes Personales; la habilitación para que el presidente pueda salir del país en 2019; la creación de la Cédula Escolar Nacional (CEN) para combatir la deserción; la creación del Parque Nacional Iberá y acuerdos internacionales.
Garavano, contra quien Carrió presentó un pedido de juicio político en octubre, consideró que, “en su uso adecuado”, el nueva normativa “no debería ser considerada violatoria de los derechos humanos”.
“Es la opinión de Carrió. Es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que definió como “mano justa” la política de seguridad del gobierno nacional, parafraseando el título de un libro que escribió con el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el especialista Diego Gorgal.
“Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino. Definitivamente, la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico, se ven respuestas muy bajas”, sostuvo.
Esta mañana, la Coalición Cívica difundió un comunicado en el que expresó su “rechazo al protocolo de seguridad”. “Creemos que cuestiones tan sensibles como la seguridad no pueden estar inmersas en cuestiones de especulación electoral”, apunta.
“A la doctora Carrió no le preocupa el enojo sino los derechos humanos, la dignidad humana, los principios y los valores que defiende desde hace más de 25 años”, concluye el comunicado.
