La fiscal procesada

Alejandra Gils Carbó está acusada de administración fraudulenta por la compra irregular de un inmueble para el Ministerio Público.

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó hoy procesada por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y ordenó un embargo sobre sus bienes por siete millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
El procesamiento alcanzó a otros cuatro imputados que participaron de la operación.

En su resolución, Ercolini señaló que Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, sub director de la Procuración General de la Nación, violaron “consciente y voluntariamente” los deberes de funcionario público en una operación realizada Arfinsa Argentina Financiera S.A. De acuerdo al dictamen, la jefa de los fiscales y Bellingi “llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires”.

Para Ercolini, se generó “un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional”.

Ercolini dictó el procesamiento contra Gils Carbó y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de siete millones de pesos. El magistrado ordenó las mismas medidas para Bellingi.

La resolución también involucra en esta maniobra, que se habría realizado entre diciembre de 2012 y julio de 2013 a Bárbara Jaureguiberry,Juan Carlos Thill, Adrián Marcelo González Fischer, los tres procesados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública

Apenas había sido convocada a indagatoria, la funcionaria salió a dar entrevistas rechazando las sospechas en su contra y minimizando su rol de imputada, al subrayar que el propio presidente Mauricio Macri asumió su cargo en el Ejecutivo procesado -luego fue sobreseído- en la causa de las escuchas telefónicas ilegales.

(Con información de DyN)