El Gobierno de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra California por un conjunto de leyes migratorias que desafían a las políticas de la Casa Blanca, en el más grave enfrentamiento entre el Ejecutivo de Donald Trump y el estado más poblado del país.
En la demanda, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, pidió a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias. El Gobierno federal considera que esas tres leyes californianas (llamadas “santuario”) “reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos” al impedir que los agentes de Migración hagan su trabajo y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes.
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del gobierno de Trump contra California, un estado que por su dimensión y por su hegemonía demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en inmigración.
La acción judicial en cuestión podría terminar siendo el caso testigo del papel que tendrán las administraciones locales y estatales en la política de inmigración.
El gobierno de Trump pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicación de estas leyes y, en último término, las anule. Washington basa su argumentación en la llamada “cláusula de supremacía”, como se conoce al segundo párrafo del Artículo VI de la Constitución, que afirma la preeminencia de la ley federal y la Constitución sobre las leyes de los estados.
El control de la inmigración es una competencia federal y la policía que persigue a los indocumentados depende de Washington, pero en un país con cerca de 11 millones de indocumentados la capacidad de los agentes federales está limitada, por lo que el Gobierno de Trump busca la colaboración de las policías locales y estatales.
Sessions, bajo las órdenes de Trump, inició a su llegada al Departamento de Justicia una cruzada contra las políticas “santuario”, esas que desde las entidades locales protegen a los indocumentados de la deportación. Las mayores ciudades del país, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre muchas otras gobernadas por la oposición demócrata, han adoptado estas políticas que principalmente limitan el flujo de información entre sus policías y los agentes de inmigración.
(Télam)
