La Sala II de la Cámara Federal porteña cerró la causa penal contra el presidente Mauricio Macri por supuesto lavado de dinero a través de dos sociedades offshore reveladas por la investigación conocida como “Panamá Papers”.
Fuentes judiciales informaron hoy que los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah validaron el desistimiento de la acusación que había hecho el fiscal federal ante ese tribunal, Germán Moldes.
Moldes no prosiguió con la apelación que había radicado el fiscal federal Federico Delgado al sobreseimiento que había dictado el juez federal Sebastián Casanello.
Los camaristas, a la vez, resolvieron el envío de una parte del expediente al fuero Penal Económico, para que investigue si hubo evasión impositiva, y otra proseguirá en el juzgado criminal 20, para determinar si Macri incurrió en omisión maliciosa de esas offshore en sus declaraciones juradas.
Los “Panamá Papers” son un escándalo internacional en donde quedaron expuestos documentos confidenciales vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales utilizando compañías offshore y cuentas secretas.
El apellido Macri estaba en la lista y el Presidente aparecía en el directorio de dos sociedades offshore: Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá. Entonces el diputado nacional Norman Darío Martínez, del Frente para la Victoria, radicó la denuncia penal contra Macri en Comodoro Py.
Enseguida Macri declaró al periodismo que “no hay nada extraño en el tema” y aseguró que su padre, Franco, lo había colocado de director: “No recibí dividendos porque nunca fui accionista, y honorarios tampoco. Tal vez habría que decirle a mi padre que me dé honorarios por ponerme a cargo de directorios”.
A fin del año pasado se presentó sorpresivamente en el expediente Franco Macri para intentar despegar a su primogénito y aseguró que había colocado a sus hijos -Mauricio, Gianfranco y Mariano- “como accionistas de distintas sociedades desde que eran muy jóvenes” y los designó en los directorios, incluso sin su consentimiento.
Casanello es el juez que sobreseyó a Macri en la causa de las escuchas telefónicas ilegales poco después de que el ex presidente de Boca y ex jefe de gobierno porteño asumiera la primera magistratura, en diciembre de 2015. La Cámara resaltó en su fallo que el juez de primera instancia señaló que “suprimida la sospecha de lavado de dinero, la actividad dirigida a determinar si ‘la vida social de las empresas infringió algún tipo penal’ debía continuar ante el fuero en lo penal económico frente a un posible remanente impositivo”.
Además, señaló que como “en el fuero ordinario de esta ciudad se encuentra en curso una investigación orientada a establecer si Mauricio Macri se enriqueció ilegítimamente mientras se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los aspectos vinculados a la eventual omisión maliciosa de incorporar datos a las declaraciones juradas debía integrar aquella pesquisa en razón de la relación de concurso aparente que existiría entre ambas hipótesis”.
“Contra ello alzó su reclamo el Sr. Fiscal (Federico Delgado) señalando que la falta de elementos que aporten un panorama completo impide fragmentar algo que hoy no se puede fragmentar”, se recordó el fallo.
En la resolución ahora ratificada se asienta que para el fiscal “no es posible sostener en este momento y sobre la base de conocimiento que aportan las pruebas existentes que haya habido lavado de dinero -técnicamente hablando y en dos tipificaciones sucesivas- en los hechos atrapados en el objeto procesal; por ello, la decisión del Sr. Juez puede ser convalidada”. En ese sentido, la Cámara resolvió “tener por desistido el recurso de apelación deducido” por el fiscal general.
(DyN)
