De Vido y Bonadio frente a frente

El ex ministro de Planificación deberá prestar declaración indagatoria por irregularidades en la contratación de buques con gas licuado.

El ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido deberá presentarse mañana ante el juez federal Claudio Bonadio, luego de que fracasara un intento por postergar su indagatoria en la causa que investiga las irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado entre 2008 y 2015.

En tanto, este lunes declaró durante más de tres horas quien fue mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que estaba a cargo de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión de la cartera.

Según indicaron a DyN fuentes judiciales, Baratta presentó un escrito y contestó algunas preguntas, en donde cuestionó el peritaje ordenado en la causa donde se habla de sobreprecios por unos 7 mil millones de dólares.

A su criterio, el peritaje oficial estaba mal confeccionado porque tomaba “como precio de referencia el valor del gas del gasoducto” que no es igual al del GNL y planteó que la Auditoría General de la Nación (AGN) no había hecho ningún llamado de atención sobre lo pactado en el período 2008 a 2010, añadieron las fuentes.

El viernes pasado se presentó en indagatoria Daniel Cameron, ex secretario de Energía, quien se negó a declarar, y también fue imputado José Granero, que integró el directorio de la empresa estatal de energía Enarsa. También fue llamado a indagatoria Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas del menemismo y quien había asesorado en 2014 -según él mismo contó en una entrevista al diario La Nación- que había asesorado a De Vido en operaciones de compra de gas licuado por parte de la Argentina.

La causa se inició a fines de 2014 por la denuncia de los entonces legisladores del PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad) y Laura Alonso (a cargo ahora de la Oficina Anticorrupción), a raíz de las declaraciones de Dromi en esa entrevista en donde se planteaba que los contratos no tuvieron “los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa”.

(DyN)