Confirman la condena a Menem y Cavallo por pago de sobresueldos

La Cámara de Casación confirmó la condena del Tribunal Oral Federal, en 2015, contra Carlos Menem y Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión para el ex presidente y actual senador Carlos Menem y a la de tres años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos a funcionarios durante la gestión menemista.

Las juezas Ana María Figueroa y Angela Ledesma confirmaron las penas, mientras que Eduardo Riggi falló en disidencia alegando el criterio del “plazo razonable”, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin condena firme.

Sin embargo, ni el ex presidente ni el ex ministro quedarán detenidos ya que el primero tiene fueros del Senado y el Tribunal debe revisar las probables apelaciones al fallos de los condenados.

La Justicia absolvió, en el mismo fallo, al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, que había sido condenado en primera instancia a tres y tres meses.

Las camaristas rechazaron el recurso de apelación presentados por Menem y Cavallo contra las condenas impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 4, en el juicio oral y público, en diciembre de 2015.

La jueza Figueroa entendió que existían dudas sobre la responsabilidad de Granillo Ocampo. Ledesma sí lo condenó.

El criterio de Riggi fue el mismo que aplicó la semana pasada el camarista Carlos Mahíques, por el que el ex presidente quedó absuelto en la causa por “tráfico de armas a Ecuador y Croacia”.

Menem fue condenado en 2015 como responsable de autorizar la utilización de fondos reservados para el pago de sobresueldos.

La investigación se inició a partir de las declaraciones que hizo la ex funcionaria de la gestión menemista María Julia Alsogaray en la causa que afrontó por enriquecimiento ilícito en 2004. La ex secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, que falleció en septiembre del año pasado,admitió que ella y otros ex funcionarios cobraban sobresueldos.

Aunque las sospechas de pago de sobresueldos fueron denunciadas en 1992, la causa se inició doce años después, tras la confesión judicial de la ex funcionaria.