Carrió amplía su sospecha de un nexo entre López y el Consejo de la Magistratura

La diputada de Cambiemos señaló un presunto vínculo entre un abogado, ex presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, el juez Ballestero y el dueño del grupo Indalo.

La diputada oficialista Elisa Carrió remitió al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia pública que realizó sobre la presunción de que en la liberación de los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa se pagaron coimas.

En el escrito de seis páginas, la diputada desgrana los antecedentes de cuestionamientos al camarista Jorge Ballestero, quien junto a su colega Eduardo Farah, dispuso la liberación de los empresarios del Grupo Indalo.

Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro, y el segundo por incompatibilidad entre el estándar de vida e ingresos del juez federal. No obstante, precisó Carrió, el 9 de febrero de 2000 el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.

En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicada en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien, según Roa sería nexo entre el juez y Cristóbal López. “Surge (del artículo) que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, ha sido tiempo atrás, presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados”, indica la líder de la Coalición Cívica en la nueva presentación.

“Igualmente -continúa-, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I)”.

La diputada de la Coalición Cívica, referente de Cambiemos, presentó esta ampliación de denuncia hoy ante el Consejo, en la misma jornada en la que se desarrollaba una reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación que abrió formalmente un expediente para dar curso al pedido de la Corte Suprema de Justicia de que se investigue la manera en la que se conformó la sala de la Cámara Federal porteña que dispuso la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La excarcelación del empresario dueño del grupo Indalo se dio  luego de un empate entre uno a uno entre los votos de los camaristas Ballestero y Leopoldo Bruglia. Para desempatar, aportó su voto Farah. Ahora, los dos jueces que habilitaron que López haya recuperado su libertad quedaron en la mira del Gobierno y del máximo tribunal de la Nación.

(Con información de Télam)