La titular de la Oficina Anticorrpción (O.A.), Laura Alonso, y la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto advirtieron sobre el perjuicio económico que tendrá para Argentina el juicio iniciado en Estados Unidos por el fondo de inversión Burford Capital contra el Estado nacional e YPF, por la expropiación de la petrolera.
Alonso consideró hoy que la estatización de la petrolera nacional se realizó de manera “fraudulenta e ilegal”.
“No fue un error, fue una irresponsabilidad, con un costo político y económico inmenso para los argentinos. El gobierno de Cristina Kirchner fue por la confiscación del 51 por ciento de las acciones de YPF de manera fraudulenta e ilegal”, manifestó la titular de la O.A. esta mañana, en declaraciones radiales consignadas por al agencia de noticias N.A.
“Cuando un país firma un contrato, debe cumplirse, esta es la lógica del mundo. Si se quería romper el contrato, hay mecanismos para desarmarlo de manera no fraudulenta y legal, sin costo económico para el país”, agregó.
Desde la Coalición Cívica, Oliveto responsabilizó al juez federal Ariel Lijo por no avanzar en la causa denunciada por el partido liderado por Elisa Carrió.
“Lijo tiene la causa desde 2007. Tendría que haber ido contra Repsol por el vaciamiento de YPF. Es verdad que nunca la cerró, pero nunca avanzó. Hubo suficiente cantidad de pruebas, está todo hecho y aportado. Ahora es el juez Lijo el que tiene que investigar”, apuntó la diputada nacional de Cambiemos, en diálogo con Diario Vivo.
Según Oliveto, la gestión de Cristina Fernández “permitió” a la compañía española Repsol, que adquirió el 97,81 por ciento de YPF en 1999, el “vaciamiento” de la petrolera argentina y las posterior compensación por la expropiación.
“Se permitió el vaciamiento de YPF, reconocido en el informe Mosconi, y después les pagaron por la expropiación. Repsol no cumplió con las inversiones ni con la exploración y producción de petróleo y, encima, les pagaron. Beneficiaron a Repsol, que además se quería ir”, explicó la legisladora.
“Ahora, vamos a tener que pagar a los fondos buitre después del vaciamiento”, agregó.
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Tras la expropiación de YPF, aprobada por el Congreso en mayo de 2012, se firmó un acuerdo con Repsol por el que el Estado argentino pagó, en bonos, 5.000 millones de dólares por el 51 por ciento de las acciones de la petrolera. El 11,6 por ciento restante del paquete accionario en poder de la compañía española fue vendido a la banco de inversión Morgan Stanley, por 1.255 millones de dólares.
“Los síndicos del gobierno kirchnerista tienen la responsabilidad de haber aprobado y permitido el vaciamiento de YPF, ganancias extraordinarias para Repsol y el ingreso de los Eskenazi, que eran empresarios cercanos a los Kirchner. Se pagó una cifra que no corresponde”, apuntó Oliveto.
El Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a YPF en diciembre de 2007, cuando adquirió el 14,9 por ciento de la petrolera nacional. En 2008, el conglomerado argentino pasó a tener el 15,46 por ciento del paquete accionario y para el 31 de diciembre de 2011, tenía el 25,46 por ciento de la empresa. Repsol mantuvo el 57,43 por ciento y el 17,09 por ciento restante quedó en manos de inversores privados.
“Es importante la defensa en EE.UU y es importante que se avance en Argentina en la causa sobre el origen de la compra de los Eskenazi”, advirtió Oliveto.
El informe Mosconi fue presentado en junio de 2012 por los ex ministros y ex interventores de YPF Axel Kicillof y Julio De Vido.
El informe acusaba a Repsol de encarar una “clara estrategia de salida del país y una política depredatoria, tanto en términos de producción de hidrocarburos como de desinversión, al no poder aumentar los precios locales del crudo en la Argentina”. “No debe creerse, no obstante, que la rentabilidad era insuficiente porque, como se ha demostrado, las ganancias de la empresa YPF en poder de Repsol fueron sumamente abultadas. El problema es que el Grupo Repsol comparaba estas ganancias con otras oportunidades de negocio que, a los precios imperantes en el mercado mundial, resultaban aún más rentables y, por tanto, desatendió las actividades de exploración y producción locales”, denunciaba el informe .
El fondo de inversión Burford Capital, que compró los derechos para litigar del Grupo Petersen, inició una demanda contra Argentina por 3.000 millones de dólares en la Justicia del Distrito Sur de Nueva York, por considerar que el Estado argentino violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
