Los abogados de De Vido se sacrificaron para defenderlo

Los abogados de Julio De Vido presentaron su renuncia una semana antes del juicio por la tragedia de Once. Sostuvieron que se vulneraron “todos los mandatos constitucionales del proceso penal”.

A una semana del comienzo del juicio oral y público contra Julio De Vido por la “tragedia de Once”, renunciaron sus abogados, Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni.

La decisión fue consensuada y podría provocar la postergación del inicio juicio oral y público, previsto para el miércoles 27 de septiembre.

En el escrito presentado ante el Tribunal Federal Nº 4, a cargo del proceso, los letrados informaron su renuncia y defendieron a De Vido.

“Por el presente venimos a renunciar a nuestros roles de defensores y patrocinante, respectivamente, en esta causa”, indican los letrados en el escrito, consignado por la agencia de noticias DyN. “Lo hacemos acompañando la decisión, adelantada ya por nuestro cliente, de sustituirnos en su representación, no sin hacer presente que, por diversos motivos, esa decisión se conjuga con la nuestra, en el mismo sentido”, explicaron.

“Ha quedado en evidencia en el trámite de la presente causa, desde su inicio y a través de todas sus instancias, que esta defensa no ha tenido la oportunidad de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal”, argumentaron los abogados.

Los abogados también renunciaron a la defensa del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional del Frente para la Victoria en las demás causas penales en las que el ex funcionario está procesado o imputado.

De Vido está acusado, junto al titular de la Unidad de Renegociación y Análisis del Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff, de estrago culposo y administración fraudulenta en la causa por la “tragedia de Once”.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó en diciembre de 2015 a los 28 empresarios y ex funcionarios acusados por el choque de la formación 3772 del Ferrocarril Sarmiento, que provocó 51 muertes. En el fallo, también requirió que sea investigado De Vido, que no había sido acusado en el primer juicio, por la responsabilidad que le cabe por haber estado al frente del área a cargo del servicio de transporte público.

“Nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de defenderse”, explicaron los defensores para sostener su renuncia a la defensa de De Vido.

“Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible“, agregaron los abogados.

Se advierte así que el derrotero de esta causa en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema, está marcado por la decisión inédita -por su carácter sistemático y hasta grosero- de impedir en modo absoluto el ejercicio de la defensa“, señalaron.

“Las características del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el proceso penal y el derecho de defensa en juicio, no están a la altura de la relevancia del suceso que se investiga, y aseguran que el desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo sólo la condena de Julio De Vido“, apuntaron.

“Todo intento de ejercer su defensa material tuvo como respuesta sucesivos rechazos in limine dispuestos por el juez de grado y confirmados en instancias superiores, siempre en forma dogmática, vacíos de toda motivación aparente“, concluyeron.

Las otras causas a las que renunciaron Maloneay, Virgolini y Silvestroni como defensores de De Vido son en la que es investigado por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública; en el caso Skanska, en el de otorgamiento de subsidios al transporte, en la compra de gas licuado y en la reconstrucción de la mina de carbón Río Turbio, por fraude a la administración pública.