El canciller argentino, Jorge Faurie, envió una carta al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, solicitando la “debida consideración en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia” de las declaraciones Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro del organismo.
En la misiva, Faurie calificó las declaraciones del ex juez de la Corte Suprema argentina de “antidemocráticas y que atentan contra el Estado de Derecho”. También, las consideró “incompatibles con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional internacional de ese cuerpo”.
“Quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño. Pero eso es un deseo personal, lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir”, fue la declaración de Zaffaroni, vertida el 10 de diciembre en una entrevista en radio Caput, aludida por Faurie en el pedido realizado a la CIDH.
“El juez Zaffaroni también ha formulado declaraciones sobre causas que se tramitan ante la Justicia argentina”, resaltó el canciller en el texto.
Entre ellas, Faurie mencionó: “la detención de (Milagro) Sala es arbitraria”; “el Estado está respondiendo de una forma que me recuerda a (Jorge) Videla” (en referencia al caso de Santiago Maldonado) y “tenemos un Estado de Derecho deteriorado y se puede dar cualquier cosa”.
El canciller también se refirió a la frase de Zaffaroni sobre la detención del ex ministro Julio De Vido, cuando dijo que “fue absurda, un show mediático” y que “hay un sector del poder judicial que está cogobernando o acompañando al Gobierno”.
Según Faurie, las declaraciones de integrante de la CIDH son “incompatibles con las obligaciones que el Estatuto de esa Corte impone a los jueces miembros para el desempeño de esa magistratura”.
En la carta, enviada también a la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto subrayó que la postura de Zaffaroni “resulta contraria a los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos, consagrados en su Carta, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que esa Corte -y por añadidura los jueces que la integran- tiene por función garantizar”.
El pedido ante la CIDH, se produjo en el día en que la denuncia por “apología del crimen” e “incitación a la violencia colectiva” fue desestimada por el fiscal federal Ramiro González.
