El presidente, Mauricio Macri, avanza en las reformas judiciales que impulsa el Gobierno nacional en materia penal y en el nombramiento de jueces para juzgados vacantes.
El mandatario trató ayer la cuestión con funcionarios de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, encabezados por su titular, Germán Garavano.
Analizaron la perspectiva de impulsar los juicios orales en el fuero civil, para desplazar las dilaciones de los juicios escritos, y el relevamiento de las tierras indígenas, que establece la ley 26.160, conocida como “ley de tierras”, que el año pasado extendió por cuatro años más el informe técnico catastral que debe hacer el Estado sobre la “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”.
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal fue presentando ante el Senado en octubre de 2016 y será debatido este año en el Congreso.
La iniciativa busca, entre otras cuestiones, modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como narcotráfico, corrupción, trata de personas y el crimen organizado en general.
En la última semana y a partir de la polémica generada con el caso Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a poner en la agenda pública y política la necesidad de impulsar un nuevo Código Penal e incluir la eliminación de la figura de legítima defensa para las fuerzas de seguridad.
El Gobierno nacional también analiza cumplir con la necesidad de cubrir las vacantes en el Poder Judicial, con el nombramiento de 109 jueces.
(Con información de Télam)
