Desplazan definitivamente a una ex funcionaria de Zannini

El gobierno rechazó el reclamo de una ex funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica para ser reincorporada en su cargo ya que no cumplió con la “acreditación de condiciones de conducta e idoneidad”.

A través del decreto 97/2018, el gobierno nacional rechazó el “recurso jerárquico” interpuesto por María Luján Liuzzi, contra la resolución de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de Pablo Clusellas, del 22 de noviembre de 2016.

La normativa había desplazado a la hermana del segundo del detenido Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, de la administración pública.

El gobierno argumentó que su designación como coordinadora del Boletín oficial “fue realizada sin el correspondiente proceso de selección que establece la normativa”.

“La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 dispone que dicho ingreso estará sujeto, entre otros requisitos, a la previa acreditación de condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública”, consigna el decreto.

La resolución 150 de 2016 canceló la designación transitoria de María Luján Liuzzi “en un cargo Nivel B del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, en el ámbito de la Secretaría de Legal y Técnica y se dejó sin efecto la promoción al Grado 1 dispuesta el 5 de agosto de 2015”, según reseñó el decreto.

La ex encargada del Boletín oficial es hermana de Carlos Liuzzi, ex subsecretario de Legal y Técnica de la gestión kirchnerista y sindicado como mano derecha de Zannini. El ex funcionario está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y fue sobreseído en dos causas que se le iniciaron. Una, por interceder ante el ex juez federal Norberto Oyarbide, para que no se llevara a cabo un allanamiento en la financiera Propyme. La otra, por irregularidades en el otorgamiento de millonarios contratos a la consultora ADCONSA, de Guillermo Benvenuto, un íntimo amigo de Liuzzi.
La mujer había solicitado la revocación de la resolución que la desplazó por considerarla “nula de nulidad absoluta” ya que se habían “lesionado sus derechos y garantías constitucionales” y se había llevado a cabo “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
La ex funcionaria denunció que la cancelación de su designación la privó “de su fuente de trabajo y sustento familiar”.