Los diputados nacionales del Frente Renovador denunciaron por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 27/18, de “desburocratización del Estado”, firmado por el gobierno el 10 de enero.
“Incluye más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”, criticó la presidente del bloque, Graciela Camaño.
La “acción declarativa de inconstitucionalidad” fue presentada en el Palacio de Justicia. “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas”, explicó Camaño.
“Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio”, advirtió, respecto de uno de los puntos del decreto.
“Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Realmente lamento que hombres y mujeres que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia”, apuntó Camaño, en referencia a la diputada Elisa Carrió, el senador Federico Pinedo y la ministra Patricia Bullrich. “El Ejecutivo tiene que aprender a gobernar en democracia, no vamos a permitir que gobiernen por decreto”, agregó.
“En el tema productivo este decreto impacta en forma directa en el nivel de actividad de la pequeña y mediana empresa”, advirtió el diputado nacional del bloque José Ignacio De Mendiguren.
El decreto tiene 192 artículos, divididos en 22 capítulos, que derogan 19 leyes y modifican otras 140, repercute en ocho ministerios, la ANSeS, el Banco Central y otros organismos descentralizados. “Afecta normativas aplicadas para empresas que incumplen con la legislación laboral, reduce las multas de infracciones laborales a las empresas y facilita los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores”, advirtió el Frente Renovador.
Con la nueva legislación, los bancos podrán embargar de forma directa la cuenta sueldo de un empleado para cobrar préstamos. Hasta ahora, los embargos debían reclamarse al empleador para que los retuviera del sueldo. La confiscación podrá hacerse a partir del equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses.
Otra de las modificaciones que generaron polémica es la que habilita que el Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSeS pueda ser utilizado para inversiones en el mercado financiero y crear fideicomisos.
Por otro lado, se redujo de 10 a 5 días el período de publicación de las licitaciones de hasta 100 millones de pesos y no habrá necesidad de se publicadas publicarse en los boletines de los distritos afectados.
