San Luis demandó al Estado nacional por las subas de gas

La provincia que gobierna Alberto Rodríguez Saá presentó un recurso de amparo por considerar que el aumento de los servicios públicos “derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas” es inconstitucional.

El gobierno de San Luis demandó al Estado Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) ante la Justicia Federal por considerar “inconstitucional e inaplicable” el incremento en las tarifas del gas

El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, según informó hoy la Agencia de Noticias del estado provincial.

La demanda busca proteger a los clientes, usuarios, beneficiarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.

Los fundamentos de la presentación sostienen la “inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas”.

El amparo considera que las empresas no deben trasladar el costo de la dolarización del precio del gas a la tarifa final. Para el Estado provincial, esa determinación viola los derechos de los consumidores y específicamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.

“El aumento de servicios públicos derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas constituye un cargo que no tiene respaldo legal y violenta la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía”, sostuvo Allende. “Afecta lo dispuesto en el inciso 19 del artículo 75, conocido como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda”, agregó. “La dolarización de facto de cualquier segmento de la economía es palmariamente inconstitucional”, concluyó el fiscal de Estado de San Luis.

En ese sentido, Montiel Díaz consideró que el aumento en la tarifa “afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad”, que fueron “criterios de validez y legalidad” de las tarifas de servicios públicos, impuestos por la Corte Suprema de Justicia en los fallos que cuestionaron las subas de la gestión de Mauricio Macri.

 

(Con información de Télam)