Río Santiago: Las autoridades se comprometieron a proveer insumos y se levantó la toma

La fábrica naviera de la provincia de Buenos Aires estuvo tomada unas nueve horas, tras las cuales intervino la fiscal y el interventor se comprometió a proveer insumos para continuar la producción.

Las autoridades del astillero Río Santiago accedieron a firmar un acta de compromiso para la compra de insumos para continuar la producción y a gestionar una entrevista con los ministros de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) el próximo lunes.

Los empelados mantuvieron ocupado el edificio de la dirección unas nueve horas, con las autoridades y personal adentro, para reclamar por la reactivación de la planta y contra los descuentos salariales que aplicó el gobierno bonaerense.

La fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, ingresó por la noche a la naviera de la localidad de Ensenada, en el marco de una denuncia por supuesta “privación ilegal de la libertad”.

La medida de fuerza fue levantada cuando las autoridades se comprometieron a comprar insumos para la producción.

Los empleados de astillero Río Santiago reclaman “insumos básicos para retomar la actividad productiva”.

El secretario general de ATE-Ensenada, Francisco Banegas, explicó que el interventor de la empresa, Daniel Capdevila, pidió más tiempo “para resolver temas vinculados a la provisión de materiales, que tienen paralizada la producción”.

Capdevila negoció la provisión de oxígeno y gas, para “garantizar que se cumpla con la entrega del vital insumo, que permite avanzar en las obras de construcción naval”.

Entre los trabajos a terminar figuran el buque Eva Perón, que está en un 97 por ciento y requiere una inversión de 75 millones de pesos para ser entregado y la provincia recibiría un pago de más de 200 millones de pesos por las nave.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió, en una entrevista, al astillero Río Santiago como “un nido de corrupción”.

El conflicto forma parte de una causa judicial que investiga supuestos desvíos de fondos durante la gestión kirchnerista, por 50 millones de pesos, en beneficio de ATE Ensenada.