La desaparición de Santiago Maldonado volvió a poner de manifiesto las sospechas sobre las fuerzas de seguridad y los resabios de la dictadura que quedan en su “modus operandi”.
Como en todos los casos donde intervienen la Gendarmería, Prefectura o la Policía, sobrevuela el temor de la represión y el recuerdo de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002, en la localidad de Avellaneda. O las 39 muertes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. O la del docente Carlos Fuentealba, en Neuquén, durante el desalojo de un corte de ruta el 5 de abril de 2007. O la de Teresa Rodríguez, asesinada el 12 de abril de 1997 en Cutral Có, durante una de las primeras protestas piqueteras.
La ex senadora nacional Norma Morandini, que desde 2015 dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, consideró que “la utilización política” del “clamor unánime” por la aparición con vida de Santiago Maldonado “hace dudar de la sinceridad y la motivación del reclamo”.
Con dos hermanos desaparecidos, Morandiniconsideró que en el caso Maldonado “no hay una desaparición forzada”, pero pidió ser responsables y no sustituir a la Justicia.
-¿ Está de acuerdo con el manejo que se está haciendo del caso por la desaparición de Santiago Maldonado?
– El valor está en los derechos humanos. No puede haber desaparecidos en democracia. Uno podría decir “qué bien, qué capacidad de reacción que hemos tenido y que la sociedad haya podido hacer un clamor unánime por la aparición con vida de Santiago Maldonado”. Ahora, cuando después se ve la utilización política, hace dudar de la sinceridad y la motivación del reclamo. No puede ser que cuando el jefe de Gabinete va al recinto, la oposición hace preguntas sobre Santiago Maldonado y, después, se retira.
– ¿Está de acuerdo con la calificación de “desaparición forzada”?
– La desaparición forzada surgió después de nuestra tragedia y siempre la comete el Estado, cuando un agente, con su autorización, detiene o secuestra a alguien y lo oculta, que es lo que pasó en la dictadura. No creo que sea lo que está pasando ahora, que está investigando la Justicia. Me gustaría que fuera una Justicia rápida.
– ¿Le parece que el juez y la fiscal intervinientes son confiables?
– Yo tengo que confiar hasta que me demuestren que no. Si no, estamos poniendo el veneno de la desconfianza que nos dejó la dictadura. Todo el mundo habla, todos condenan y no estamos contribuyendo. La libertad de expresión tiene el límite de no incitar al odio y la violencia, como dice el pacto de San José de Costa Rica. Hay que apelar a la paz y la responsabilidad. Me gustaría que el Poder Ejecutivo no deje dudas de que está haciendo todo para la aparición con vida de Maldonado.
– ¿Qué opina de la forma en que está procediendo el gobierno?
– Yo estuve cuando fue la ministra Bullrich al Senado. La forma de tranquilizar a la sociedad es dar información. Es obligación garantizarla. Hay mucho grito, mucha contaminación y aparecen las operaciones. Habría que tener un gran consenso en pedir por Santiago Maldonado y sin violencia. Vi que faltó énfasis en eso.
– A la luz de la investigación iniciada ayer por el fiscal Federico Delgado, ¿cree que pudo haber encubrimiento de parte del gobierno?
– Hay que ser responsables y que funcionen los organismos del Estado. Si hay un fiscal que quiere investigar, está bien que lo haga y que no se utilice. Es muy fácil caer en la contaminación. Me dio mucho enojo el adoctrinamiento en las escuelas, pero también me emocionó la imagen de la hermana de Santiago. Aspiro a que la Justicia y el Ejecutivo tengan prioridad en la aparición de Santiago Maldonado.
¿Qué le pareció el operativo policial que se produjo el viernes tras la marcha, en el que se detuvieron 31 personas que después fueron liberadas?
La gran discusión es qué deben ser las fuerzas de seguridad en una democracia y si están formadas en el respeto a los derechos humanos y no, en la violencia política. Tenemos que tener consenso sobre los grandes temas de la democracia. Las fuerzas de seguridad deben estar preparadas para velar por el orden democrático y deben subordinarse a la ley de la democracia. Hay que ver cómo formamos a las fuerzas.
– ¿Qué opina de la actuación de la Policía tras la marcha por Santiago Maldonado?
– Vi imágenes que no me gustaron. Necesitamos un debate con menos ruido, tenemos una larga tradición que no termina de consolidarse. Tenemos una sociedad que pide más penas por miedo al ladrón. En lugar de que todo el mundo esté sustituyendo a la Justicia, hay que empezar a poner estos temas en debate.
Por último, Morandini cuestionó que a casi ocho años de vencido el primer plazo para realizar el registro de las tierras protegidas para las comunidades originarias, todavía no se haya cumplido con el relevamiento. “Desde 2006 se posterga la delimitación de las tierras comunitarias, tal como manda la ley, para evitar los desalojos. Yo veo que no se tiene en claro que la Constitución garantiza los derechos comunitarios“, apuntó.
La ley 26.160 declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”, para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realice, en un plazo de tres años, un relevamiento técnico catastral de las tierras indígenas. La legislación fue sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y, como no se cumplió con el tiempo establecido, se prorrogó en los siguientes años.
