La deuda de Oil: Cristóbal López, De Sousa y Echegaray irán a juicio oral

Están acusados del delito de defraudación contra la administración pública, por la deuda de ocho mil millones de pesos que la petrolera acumuló con la AFIP.

El empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray irán a juicio acusados de defraudación contra la administración pública, por la causa en la que se investiga la deuda de ocho mil millones que Oil Combustibles acumuló con el organismo tributario.

La causa se inicio en 2016, a partir de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió contra el ex presidente Néstor Kirchner por asociacion ilícita. Por esta misma causa, López y De Sousa están procesados con prisión preventiva.

Echegaray fue señalado por el juez Ercolini de haber otorgado “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada” planes de pago a Oil Combustibles por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015. Estas facilifdades, además, habrían sido otorgadas “con una tasa mucho más beneficiosa que si hubiera seguido los canales normales y habituales de exigibilidad”.

“Esa maniobra posibilitó que dicha contribuyente (…) no pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma; y utilizara indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenecía”, señaló el magistrado en su resolución.

La defensa de Echegaray  argumentó que las facilidades de pago como las otorgadas  la firma de López y De Sousa eran habituales y que el ahora ex funcionario no se había apartado en ningún momento de la normativa vigente.

Ercolini finalizó la etapa de instrucción, afirmó, para que las pruebas recolectadas sean debatidas de forma amplia y porque, según indicó, debe “ponderar el derecho -quese encuentra consagrado en instrumentos internacionales de derecho shumanos- que poseen los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas que ponga fin al escenario de incertidumbre que genera un proceso penal y defina sus situaciones ante la ley”.