El juez federal Julián Ercolini dispuso la intervención judicial de la firma Idea S.A., que administra el hotel Alto Calafate, por seis meses, con remoción de sus autoridades.
La orden del magistrado también inhibió a los administradores de la empresa de “realizar extracciones de dinero de las cuentas bancarias” con las que opere la sociedad.
El requerimiento del fiscal se produjo en el marco de las “herramientas precautorias” y “en la necesidad de asegurar los activos pasibles de decomiso y aquellos útiles para garantizar la indemnización y costas del proceso”.
Además, Pollicita requirió el desplazamiento de los administradores de la sociedad anónima para “procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas, de lograr la correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes, de proceder a la recaudación de las ganancias de la actividad y de detener el provecho que las personas físicas involucradas continuaban obteniendo”.
En la denominada causa Hotesur, son investigados la ex mandataria y actual senadora Cristina Fernández; sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice. Están imputados por lavado de activos y defraudación al Estado en la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a empresas de Báez y otros. “Los fondos obtenidos de ese delito se habrían canalizado, en parte, mediante otras personas jurídicas intervinientes en una etapa intermedia –como Austral Construcciones SA, Loscalzo y del Curto SRL, Kank y Costilla SA, entre otras- para transferir, mediante contrataciones simuladas, el dinero a Valle Mitre SA. Esta última, por su parte, los habría dirigido a Hotesur SA y a los patrimonios personales de los ex presidentes Kirchner y Fernández y sus hijos, con motivo de la explotación de los hoteles de su propiedad”, explicó el juez Ercolini.
La medida fue requerida luego de que una veeduría jurídico – contable revelara que la deuda que Idea S.A. mantenía con Hotesur S.A., a partir de un contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 entre la sociedad representada por Osvaldo Sanfelice y la empresa a nombre de Romina de los Ángeles Mercado por la locación del hotel Alto Calafate durante 36 meses, por un precio mensual que alcanzó los 190.000 pesos más IVA y el 22 por ciento sobre la utilidad neta mensual de septiembre a abril.
Para el requerimiento de intervención judicial, Pollicita también se refirió a “la falta de colaboración” de Idea SA con el interventor de Hotesur SA, Daniel Altman, designado en marzo de este año, “para determinar las sumas adeudadas y lograr el pago de los saldos”.
Según el Ministerio Público Fiscal, Idea S.A. “incumplía en forma deliberada con las exigencias básicas propias de cualquier sociedad regularmente constituida, en tanto no llevaba libros de registración contable”.
