El gobierno porteño afirmó que busca bajar “costos innecesarios”

El objetivo del gobierno porteño es lograr las modificaciones para que los consorcistas puedan bajar hasta un 20 por ciento los gastos y ahorrar unos 100.000 pesos anuales por ejemplo en un edificio tipo, de 10 pisos y dos departamentos por piso.

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, confirmó hoy que comenzaron a implementar medidas tendientes a bajar las expensas con la eliminación de “gastos innecesarios y redundantes” y que se impulsará un proyecto de consorcio participativo para “transparentar la administración de los edificios”.
“Ayer comenzamos con dos disposiciones que dejan sin efecto el Certificado de Edificio Seguro y el libro de datos periódicos de los administradores, lo que permitirá a los vecinos que vivan en edificios ahorrar un promedio de 13 mil pesos anuales, es una reducción de trámites, controles y exigencias que son innecesarias”, explicó el funcionario.
Para Miguel, los vecinos de la Ciudad hoy tienen exigencias de certificados y periodicidad de controles que son innecesarios y redundantes.
“Hoy está regulado que los tanques de agua deben controlarse cada seis meses aunque el agua este limpia, sería más fácil y económico primero controlar el estado de agua”, ejemplificó.
Por otra parte, el jefe de Gabinete porteño aseguró que junto a estas medidas se impulsará un proyecto de consorcio participativo, que consiste en una plataforma obligatoria para los administradores a la que tendrán acceso los vecinos.
El resto de las modificaciones que irán a la Legislatura incluyen la eliminación de la obligatoriedad de construir u otorgar un departamento para el encargado; y un cambio en el mantenimiento de los ascensores, que contempla que se intensifique en los de mayor antigüedad y se espacie en los nuevos, en lugar de ser una obligación mensual.
Asimismo se buscará modificar el mantenimiento de las calderas, que se realizan actualmente cada tres meses para hacerlo según su actualidad y tecnología; como así también eliminar la obligatoriedad del informe público sobre fachadas.