A través de la resolución 66 / 2018, el Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de bono por casi 89.748 millones de pesos, a un plazo de 10 años y medio, para compensar a las provincias por el acuerdo alcanzado el 16 de noviembre del año pasado.
El Pacto fiscal, firmado por la Administración central con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, obliga a los gobernadores a reducir la presión tributaria y a desistir de los juicios contra la Nación por deudas previsionales o de coparticipación. Además, resolvió el reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, por el que la gestión de María Eugenia Vidal recibirá 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones en 2019.
“En el Consenso Fiscal, se prevé la emisión de un bono para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por 5.000 millones de pesos en 2018 y 12.000 millones de pesos por año a partir de 2019, los que serán distribuidos entre las jurisdicciones que aprueben el Consenso en función de los coeficientes resultantes del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos”, indica la resolución de la cartera que conduce Luis Caputo.
De esta manera, el bono significará a las provincias el cobro de intereses por 5.000 millones de pesos este año y de 12.000 millones de pesos en los restantes.
“Los bonos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales”, establece la resolución.
El instrumento financiero contempla un período de gracia hasta el 31 de julio próximo.
El capital se cancelará en 125 cuotas mensuales consecutivas y devengará intereses a una tasa nominal anual de 6,727 por ciento, a partir del 31 de julio próximo, pagaderos mensualmente junto con la amortización.
La normativa dispone también que los pagos se cursarán a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) “mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas”.
La ley de Presupuesto para este año autoriza al gobierno “a realizar operaciones de crédito público hasta un monto de 90.000 millones de pesos a fin de cumplir con lo acordado en la cláusula II del inciso C del Consenso Fiscal”.
