Un proyecto de ley presentado por la diputada del PRO Paula Urroz generó una oleada de rechazos. El motivo: poner en cuestión la obligatoriedad de la aplicación de las vacunas.
“Las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del DERECHO al CONSENTIMIENTO INFORMADO establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”, señala la iniciativa de la diputada y que fue girada a la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto además afirma que “las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.
Sin embargo, las vacunas y el agua potable son las dos herramientas más importantes para la prevención de enfermedades. Y gracias a una correcta vacunación en la Argentina no existen casos autóctonos del sarampión desde el año 2000.
En Europa, los movimientos antivacunas no pasan desapercibidos: por la penetración de sus mensajes, en Italia, España y Alemania han resurgido casos de sarampión.
Contra toda evidencia científica, Trump también puso en duda la seguridad de las vacunas, y afirmó que se debe investigar si la inmunización puede causar autismo, aunque los médicos repiten que no existen pruebas para vincular a las vacunas con el espectro autista.
