Cerraron la causa por “desaparición forzada” de Santiago Maldonado

El juez de primera instancia sobreseyó al efectivo de Gendarmería acusado de la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado, tras una pericia sobre el DNI del joven.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, a cargo de la causa por la muerte de Santiago Maldonado,  sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú y cerró así la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El magistrado, que fue el segundo que tuvo el expediente, dio por probado que en el desalojo realizado por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en la ruta 40, a la altura de comunidad mapuche Cushamen, “no resultó detenido Santiago Maldonado ni persona alguna”.

El fallo se produjo luego de una pericia realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al DNI de Maldonado, que murió ahogado en el río Chubut el 1 de agosto del año pasado, a la altura de la comuna de Cushamen.

En diciembre del año pasado, la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila, a cargo de la investigación, pidió el cambio de carátula a la de “muerte dudosa”. Tras la autopsia, que demostró muerte por asfixia, la fiscal consideró que no había “pruebas suficientes como para sostener la desaparición forzada”.

A partir de la autopsia realizada en por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de 55 peritos, Lleral determinó que Maldonado falleció “a causa de una asfixia por sumersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia” el 1 de agosto, el mismo día en que fue visto por última vez tras el desalojo. El cuerpo se encontró sumergido en el río Chubut 78 días después, el 17 de octubre de 2017.

El peritaje del DNI y otros elementos encontrados en el bolsillo de la ropa, realizado por tres especialistas en plásticos del INTI y un perito de parte, determinó que Santiago Maldonado estuvo sumergido durante 90 días en el río Chubut.

La familia del joven de 28 años desconoció los resultados de la pericia, al advertir que no arrojará “un resultado cierto”.

“Desde el primer momento que se dispuso la realización de esta pericia sobre el DNI, la hemos impugnado ya que se desconocían, y se desconocen aún, las condiciones en las que estuvo el cuerpo de Santiago y, en consecuencia, su DNI. Por tanto, los resultados jamás arrojarán un resultado cierto, ya que la pericia no se realizó en el lugar del hecho. Cualquier resultado de esta pericia no será preciso ni confiable”, señaló la familia, en un comunicado difundido en julio último, cuando se conocieron los resultados de la pericia.

“El objetivo de esta pericia era, justamente, decir que la autopsia y esta prueba confirmaban la mentira que se quiso instalar de que el cuerpo siempre estuvo en ese lugar. Y decimos mentira porque el 26 de noviembre de 2017 los peritos de la Morgue de la Corte Suprema que realizaron la autopsia nos informaron que no podían afirmar que el cuerpo de Santiago haya estado siempre en el mismo lugar en el que fue encontrado, ni cuando murió, ni dónde, ni cómo, ni pudieron establecer cuantos días estuvo en el agua”, agregaron.